JOSÉ MANUEL GÁMEZ JIMÉNEZ
La existencia de una desigualdad socio-económica entre un trabajador autónomo económicamente dependiente (TAED) y su cliente principal, genera una conciencia social proyectada sobre los poderes públicos que persigue proteger al TAED a través de una norma, el Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), que salvaguarda a este colectivo desde el punto de vista sustantivo y procesal. En este sentido, la protección procesal tiene lugar con una remisión a las normas del proceso laboral (LJS), una solución no baladí, pues de todos es sabido que el proceso laboral nace de una desigualdad socio-económica entre el trabajador y el empresario. Mientras que la dimensión sustantiva ha sido abordada por la doctrina iuslaboralista, la dimensión procesal permanece aún en el baúl de los recuerdos, amparada en el hecho de que, a día de hoy, son residuales los litigios laborales con este centro de imputación objetiva. Sin embargo, en el futuro, todo parece apuntar, se incrementarán exponencialmente y los operadores jurídicos necesitarán contar con un instrumento para encauzar la problemática que plantea su tratamiento procesal interno e internacional y ello para evitar hacer oídos sordos ante la internacionalización socioeconómica, la expansión transnacional de las relaciones laborales y la expansión mundial del sistema de producción capitalista. Nuevos tiempos, nuevos derechos y nuevas pretensiones procesales.
