VERGÉS I JAIME, JOAQUIM
Eficiencia social en el ámbito productivo. El criterio de gestión empresarial socialmente óptima. Un enfoque más completo. Aplicación del criterio de gestión socialmente óptima, gso (maximizar el bienestar social). El criterio de gestión socialmente óptima, dadas las condiciones reales de una economía de mercado. Regulación con mercados «diseñados». Objetivos de gestión para empresarios públicos (o para empresas reguladas) en términos de variables económico-financieras.
El tema central del libro versa sobre qué condiciones o criterios hacen que una determinada actividad económica se lleve a cabo de manera que contribuya a maximizar el bienestar social. Una cuestión que permite abordar y dar respuesta a preguntas aparentemente tan diferentes como: ¿Cuántos recursos del país P deberían dedicarse a suministrar a los ciudadanos el medicamento o la vacuna M? ¿Debería ésta estar subvencionada total o parcialmente? ¿Resuelve bien el mercado eléctrico el suministro de este bien, o es socialmente preferible que este servicio esté sujeto a regulación, directa (empresas públicas) o indirecta (regulación vía normativa legal)? ¿Debe ser subvencionada la producción de energía a partir de fuentes renovables? ¿Con qué criterio? ¿Cuál sería el precio socialmente justo que debería pagar el usuario del servicio de transporte colectivo urbano T? ¿Deberían gravarse las emisiones de CO2 y cómo? Expresiones en las que los términos deberían, preferible o socialmente justo se refieren a maximizar el bienestar social, como algo en principio distinto de lo resultante del criterio mercantil del beneficio, y que por tanto implican la intervención de los poderes públicos en los correspondientes sectores.
En la obra se abordan aquellas intervenciones de los poderes públicos en la economía de mercado que inciden en el funcionamiento de empresas que llevan a cabo actividades consideradas clave. Intervención que sólo es posible si dichas empresas están bien bajo control de la Administración (empresas públicas), o bien -en el caso de empresas privadas- si su actividad está sujeta a regulación formal.
